Analizando todas y cada una de las reformas educativas llevadas a cabo en España desde la década de los 70 podemos ver la importancia otorgada a la formación del capital humano.
La LGE (1970), una reforma de una Ley ya desfasada, la predecesora Ley Moyano, viene prefijada de un clamoroso deseo popular de dotar a este país de un sistema más justo, eficaz y acorde con la España de la época. Se pretende cambiar por completo, proporcionando oportunidades educativas a la totalidad de la población para dar así plena efectividad al derecho de toda persona a la educación. La educación es una herramienta para la conservación y el enriquecimiento de la cultura nacional, el progreso científico y técnico, y es necesaria para capacitar al individuo para afrontar con eficacia las nuevas situaciones a las que se enfrenta.
Uno de los objetivos que trae consigo ésta Ley y que más nos interesa es completar la educación general con una preparación profesional que capacite para la incorporación del individuo a la vida de trabajo. Capaz de desarrollar al máximo la capacidad de todos y cada uno de los españoles.
La educación general básica se establece obligatoria y gratuita para todos los españoles, en cambio, el bachillerato no será gratuito hasta que las condiciones económicas del país lo permitan. El bachillerato ofrece una amplia diversidad de experiencias practico-profesionales. Es en esta reforma de educación cuando aparece la formación profesional.
Se invertirá en la educación con una gran cantidad de dinero y por el que el país deberá hacer un gran esfuerzo. El coste financiero se distribuirá en anualidades, y dichas anualidades se incorporaran en los presupuestos generales del estado.
La LOGSE (1990) define la educación como algo esencial tanto para el individuo como para la sociedad. Desde una base en la igualdad de género, de raza, religión u opinión. Los valores que se intentan transmitir en la educación son el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.
En este cambio de Ley, el Gobierno pretende que a todos los ciudadanos se les garantice una educación gratuita y una formación hacia el futuro tanto del individuo como de la sociedad. Se intenta desarrollar una sociedad más madura, la cual deriva de la capacidad para integrar a partir de la educación.
En antiguas leyes, se ha visto reflejado una educación con sistemas de privilegio, cerrados elitistas y propagadores de ortodoxias concluyentes, dando como resultado una sociedad pobre, separatista y sobre todo inculta. Ahora, se pretende dar una educación con una extensión a todos los ciudadanos, como cualquier sociedad moderna.
Esta ley amplia la educación básica hasta los 16 años, edad mínima para la incorporación al trabajo, en condiciones de obligatoriedad y gratuidad. Con la presente Ley, se reordena el sistema educativo con una reforma profunda de la formación profesional y con la mejora de la calidad de la enseñanza.
La LOCE (2002) se presenta como una ley con un objetivo inequívoco y equitativo desde el primer párrafo de sus disposiciones. Dicho fin constituye la consecución de los retos básicos contemplados en los requerimientos exigidos a nivel del conjunto social en términos de globalización y en clave de comunidad europea. Así pues, el desarrollo económico, social y cultural de España son vistos como el objeto final que se pretende obtener por medio de la nueva legislación.
Esta ley trata la mejora del nivel educativo español como un hecho de relevante carácter, a la hora de considerarla como uno de los factores que más influye y hace posible la aceleración del crecimiento económico y el bienestar social de un país, en este caso, el nuestro. No obstante, a pesar de tener presente cual es el fin último que conlleva impartir una educación de mejor calidad, no deja de tener presente, constantemente, los verdaderos problemas que, hasta el momento, han causado las deficiencias educativas evidenciadas en el temprano abandono escolar o la escasa formación docente que no termina de incitar al nuevo alumnado a desarrollar un gusto por la educación y la formación intelectual. Por otro lado, no olvida, tampoco, la procedencia de las raíces históricas de la educación española, que traen consigo un elevado nivel de analfabetismo o bajo nivel académico por parte de la población adulta, que contempla pasiva el avance de la sociedad y nuevas generaciones educativas; será por ello, pues, por lo que también propone nuevos métodos y formas para terminar de formar a la población más adulta de cara a una mejora cultural de la población. Así pues, para finalizar, se entiende que el verdadero desafío de esta nueva legislación pretende integrar todos esos objetivos en una formación constante y continua a lo largo de toda la vida del ciudadano obteniendo, así, una perspectiva de su formación educativa, como un conjunto perfecto de conocimientos adquiridos.
En el caso de la LOE (2006), las alusiones al funcionalismo y la teoría del capital humano son más bien escasas. Es una Ley Orgánica dirigida, sobretodo, a la equidad y la igualdad de oportunidades a la hora de poder acceder a una educación de calidad. No obstante, se menciona la importancia de la educación como el medio más adecuado de garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica, necesarias para la constitución de sociedades avanzadas, dinámicas y justas; siendo por tanto la educación el principal recurso de un país y su mayor riqueza. Por ello y según esta ley, ningún país puede desperdiciar la reserva de talento que poseen todos y cada uno de sus ciudadanos, sobretodo en una sociedad que se caracteriza por el valor creciente que adquieren la información y el conocimiento para el desarrollo económico y social.
Con la LOMCE (2013), los objetivos correspondientes a la nueva legislación, entienden la educación como un instrumento de movilidad social, comprendiendo esta definición de educación como el medio necesario para poder superar las barreras económicas clasistas, y permitiendo alcanzar unas metas de prosperidad económica aspiradas por los individuos. A pesar de todo, la LOMCE, reconoce que las capacidades innatas propias de forma personal, por parte de cada individuo, no son iguales, en términos de talento genuino, por lo que uno de los principales deberes de la nueva legislación corresponderán al reconocimiento de dicho talento y su redireccionamiento hacia el más conveniente derrotero educativo, con el único fin de subsanar las altas tasas de abandono escolar acaecidas hasta el momento. Con todo, como venimos diciendo, la nueva ley no pierde en ningún momento el objetivo final de su promulgación, que es una mejor inserción el ciudadano en el centro de nuestra economía y sociedad.
El éxito de la transformación social en la que estamos inmersos depende de la educación; ahora bien, sin la implicación de la sociedad civil no habrá transformación educativa.
Así pues, podemos determinar que la presente ley pretende orientar los servicios educativos de tal forma que se reduzca al mínimo aquel sector de estudiantes que abandonan su vida escolar antes de haber alcanzado el nivel formativo adecuado, de tal manera, que inicien su vida laboral en unas condiciones de desventaja, tales que estén abocados al desempleo o a un puesto de trabajo de limitado valor añadido, intentando evitar así una, más que incuestionable, transmisión de la pobreza en generaciones actuales y futuras.
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